En diversos aeródromos españoles, un total de 87 aeronaves permanecen abandonadas, según datos recientes de AENA, el gestor aeroportuario nacional. Estos aviones, que incluyen desde jets privados hasta pequeñas avionetas, llevan años sin mantenimiento ni uso, acumulando deterioro frente a las pistas y en zonas de hangares.

Uno de los casos más icónicos es un McDonnell Douglas MD-87 ubicado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que lleva cerrado desde la quiebra de la aerolínea Saicus Air en 2010. En Sabadell, una veintena de aeronaves, entre ellas Fairchild Metro y modelos Cessna, Piper o Mooney, pertenecientes a escuelas de vuelo ya desaparecidas, descansan abandonadas en zonas verdes próximas a las pistas.

AENA ha comenzado un proceso formal para declarar algunas de estas aeronaves en situación legal de abandono, como es el caso de avionetas en el aeródromo de Villafría, Burgos, que carece de actividad comercial desde 2021. Desde abril, se notificó en el Boletín Oficial del Estado que estos aparatos, si no son reclamados por sus propietarios en el plazo de un año, serán subastados públicamente, destinando lo recaudado al Estado tras deducir gastos.

Los intentos de subastar aviones abandonados suelen recibir escasa convocatoria, pues solo los que conservan condiciones operativas recientes generan interés, explicó el presidente de una asociación dedicada a la aviación histórica. Entre los aeropuertos con mayor número de aparatos en estas condiciones figuran Cuatro Vientos (Madrid), Son Bonet (Mallorca), Málaga, Sevilla, Córdoba, Tenerife y Manises (Valencia).

En Manises reposa desde 2008 un Boeing 747 perteneciente a Pronair, la aeronave abandonada más pesada en España, con un peso superior a 15 toneladas. En Son Bonet, se incluyen unidades como modelos Pipper, Cessna y un Antonov AN-2, un histórico que permanece sin uso al menos desde antes de 2008.

Este fenómeno no solo genera retos logísticos para el espacio aeroportuario sino que también implica un proceso administrativo y legal por parte de AENA para regularizar la situación y optimizar la gestión de infraestructura y activos. La declaración de abandono y la posterior subasta pública son mecanismos contemplados para afrontar este problema.