La seguridad aeroportuaria en Estados Unidos enfrenta un momento clave tras casi 25 años de la creación de la Transportation Security Administration (TSA). Un comité de la Cámara de Representantes se reunió para analizar cómo modernizar la agencia, enfatizando la urgencia de garantizar el pago a sus agentes incluso durante cierres del gobierno, que ya los afectaron en varias ocasiones recientes.

Durante la audiencia, se destacó que los oficiales de la TSA reportaron a sus puestos sin recibir salario durante casi 120 días en dos recientes cierres presupuestarios, lo que representa cerca del 40% del último año fiscal. Este hecho generó preocupaciones sobre la moral y el reconocimiento de quienes desempeñan labores de seguridad fundamentales para el transporte aéreo en el país.

El debate también giró en torno al plan del gobierno del expresidente Donald Trump, que propone reducir el personal de la TSA, especialmente en aeropuertos pequeños, y delegar la responsabilidad del control de seguridad a empresas privadas. El presupuesto asignado contempla gastar millones para que compañías externas gestionen estos puntos en alrededor de 250 aeropuertos, mientras se eliminan miles de empleos públicos para ahorrar en compensaciones y beneficios.

La propuesta provocó rechazo en algunos legisladores, que alertaron sobre los riesgos de una privatización impulsada por una visión ideológica en contra del sector público. Se criticó también la reciente autorización de la TSA para que contratistas adquieran y mantengan el equipo de revisión, función que estaba exclusivamente bajo control gubernamental.

Alrededor de 20 aeropuertos ya utilizan el Programa de Asociación de Revisión (Screening Partnership Program, SPP), que permite a las instalaciones decidir si quieren empleados privados para el control de seguridad. Sin embargo, la iniciativa evaluada por el Congreso plantea que los aeropuertos pequeños sean obligados a sumarse a esta modalidad.

En la audiencia participaron representantes de distintas partes interesadas, como un dirigente de Airlines for America, el CEO de un aeropuerto importante, y el presidente del sindicato que representa a los agentes de la TSA. Coincidieron en que la decisión sobre el modelo de control no debería imponerse desde el gobierno sino quedar en manos de los aeropuertos, con el sindicato manifestando su firme oposición a la privatización.