La Organización de las Naciones Unidas enfrenta una grave crisis de liquidez que ha llevado a replantear privilegios históricos en los viajes oficiales de sus altos funcionarios. Entre las medidas implementadas destaca un programa piloto que promueve el cambio voluntario de vuelos en primera o clase ejecutiva a cabinas premium economy o equivalentes, con beneficios adicionales para quienes acepten la reducción.

Esta iniciativa responde a un llamado de la Asamblea General para fortalecer las acciones de ahorro, en un contexto marcado por presiones externas que reclaman severos recortes en el gasto. Según un comunicado interno, el objetivo es mantener el confort y la conveniencia durante los desplazamientos, sin dejar de generar ahorros significativos para la organización.

Un análisis reciente reveló que la ONU destinó cerca de 319 millones de dólares en un año a viajes de su personal, sumando alrededor de 98.000 desplazamientos. De estos vuelos, aproximadamente 12.000 correspondieron a clase ejecutiva y 51 a primera clase, utilizada principalmente por los funcionarios de más alto rango. Actualmente, las reglas de viaje establecen que la mayoría del personal, hasta nivel D-2, debe utilizar clase económica salvo excepciones en trayectos largos, mientras que los Subsecretarios Generales y Asistentes del Secretario General tienen derecho a la clase inmediatamente inferior a primera clase, que suele ser ejecutiva.

El Secretario General ha recomendado restringir los vuelos en primera clase para reducir gastos. La nueva estrategia busca hacer viable que los empleados senior opten por alternativas más económicas, con incentivos que faciliten esta decisión voluntaria y contribuyan a enfrentar la situación financiera.

Fuentes internas califican esta “voluntaria” bajada de categoría como una respuesta tardía a años de gastos elevados en pasajes aéreos, considerados por algunos como un privilegio inconsistente con la actual urgencia presupuestaria. La coordinación entre Recursos Humanos y la sección encargada de transporte apunta a institucionalizar esta práctica en vistas de mejorar la sostenibilidad económica del organismo.