La crisis en los controles de seguridad aeroportuaria en Estados Unidos enfrenta un posible alivio tras el anuncio del presidente Donald Trump, quien confirmó que firmará una orden ejecutiva para garantizar el pago de los agentes de la Transportation Security Administration (TSA) durante el actual cierre del gobierno federal. Esta decisión apunta a resolver las severas limitaciones de personal que han prolongado los tiempos de espera en aeropuertos, especialmente en el Bush Intercontinental de Houston.
Desde el inicio del cierre, los agentes de TSA han trabajado sin recibir salarios, lo que ha provocado una alta tasa de ausentismo, reduciendo a sólo dos terminales las que mantienen abiertas sus líneas de seguridad en el aeropuerto de Houston. Los pasajeros llegaron a enfrentar tiempos de espera que superaron las tres horas, situación que ha generado frustración entre quienes viajan, como la deportista Haleigh Washington, que señaló la paradoja de la presencia de agentes de ICE sin funciones concretas en la inspección de seguridad.
Para mitigar este problema, agentes de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) fueron desplegados en Houston y otros aeropuertos para apoyar tareas como el control de multitudes, resguardo de accesos y reparto de agua, aunque no participaron directamente en las inspecciones de seguridad, donde se evidenció la mayor falta de personal.
El Congreso también actuó para responder a esta crisis. El Senado aprobó una medida para financiar a la TSA y gran parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), enviándola a la Cámara de Representantes para su votación. El presidente Trump indicó que la orden ejecutiva dará instrucciones al recientemente confirmado secretario del DHS, Markwayne Mullin, para que los agentes de TSA reciban sus pagos correspondientes.
La Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), que representa a miles de oficiales de TSA, celebró la medida. Su presidente, Everett Kelley, destacó la necesidad de extender los pagos también a otros empleados del DHS afectados por la paralización, como los de FEMA y la Guardia Costera. Este cierre parcial sólo afecta a DHS, producto del conflicto entre demócratas y republicanos por las políticas migratorias de la administración Trump, mientras los agentes de ICE han continuado cobrando normalmente.
La orden ejecutiva y el avance legislativo apuntan a cortar la cadena de obstáculos que ha generado el cierre gubernamental en los aeropuertos estadounidenses, devolviendo estabilidad y seguridad a un sistema de control de pasajeros que acumula la espera más larga en su historia.